¿Por qué los gobiernos de muchos países se comportan como unos auténticos despilfarradores?

Cuándo en apocas de crisis profunda, tal como la que tenemos en Europa, los gobiernos de los distintos países se plantean importantes recortes presupuestarios, es cuando tiene más importancia establecer prioridades en las inversiones y los gastos, poniendo énfasis en evitar los recortes en las partidas que más pueden afectar a la mayor parte de los ciudadanos, tales como la Sanidad o la Educación, entre otras. Para ilustrar lo que pretendemos decir, tomaremos como ejemplo el caso de España, aunque, con las consiguientes modificaciones en cifras y detalles, creemos que sería aplicable a países como Grecia, Portugal, Italia u otros países similares.  En este artículo, primero veremos lo que hace referencia a la deuda pública española, luego veremos en que partidas se distribuye el presupuesto anual y, al final, veremos toda una serie de áreas en que, en nuestra opinión, estamos gastando mucho en detrimento de otras partidas más ligadas al bienestar de la población.

Hace poco, el nuevo presidente español, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP) anunció una serie de medidas de urgencia y de un nuevo recorte presupuestario.  Se anuncian recortes por valor de 16.500 millones de euros en 2012 y un primer paquete de medidas de urgencia. Rajoy anunció las medidas de urgencia que tomará su Gobierno antes de finalizar 2011, pero también reconoció aquello que España muy probablemente no alcanzará a cumplir. El jefe del ejecutivo español no descartó que la previsión de 6% del déficit público sea superada (posteriormente se anunció un déficit del 8,2%). Esa cifra alcanzó en 2010 un 9,3% del PIB. Como ya se sabe, España padece una fuerte crisis acentuada por el estallido de su burbuja inmobiliaria. En su discurso de investidura ante el Parlamento, Rajoy advirtió que el país tendrá que “reducir en 16.500 millones de euros el desfase entre ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas”.

La Deuda

Todo el mundo lo sabía. Sobre todo Mariano Rajoy, que ya había apuntado a su entorno hace meses que el déficit se iría al 8%. No se contaba en público, pero en privado el PP no hablaba de otra cosa. Y, sin embargo, durante toda la campaña electoral, y en el debate de investidura, aseguró que el Gobierno del PP no subiría los impuestos. Pero a la hora de la verdad, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y no Rajoy, que evitó comparecer, anunció la segunda mayor subida de impuestos de la historia reciente de España. Y también el mayor recorte de gasto público de la democracia en una sola tacada: 8.900 millones de euros. Y eso, aclaró, es solo “el inicio del inicio”. La vicepresidenta anunció que el déficit estimado se irá al 8%, dos puntos por encima del 6% previsto, por culpa sobre todo de las comunidades autónomas (que tienen transferidas las competencias en las partidas más caras, como Sanidad y Educación entre otras). Algunas autonomías, como Catalunya, se ven ahogadas debido  a que se les han transferido muchas competencias, pero no la financiación necesaria. Soraya y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejaron caer la responsabilidad en el anterior Gobierno por no haberles contado cómo estaba la situación real, ni a ellos ni a los españoles. Pero Rajoy, que ya sabía antes de las elecciones que el déficit se iría al 8%, prometió no subir impuestos.  Este nuevo dato de déficit implica que el recorte total, para lograr el 4,4% en 2012, será de más de 36.000 millones. Era la cifra que se manejaba hace meses en el PP —y así se publicó—, aunque Rajoy hizo el debate de investidura con la oficial: 16.500 millones. Antes pasó en Portugal, donde los conservadores ganaron las elecciones prometiendo no subir impuestos y después hicieron lo contrario. Ahora llega el turno de España.

¿Por qué España tiene que realizar recortes a pesar de no tener una Deuda Pública tan alta como otros países?  Dentro de la Unión Europea hay varios países con una Deuda Pública mucho mayor que la española, por ejemplo Francia, Reino Unido o Alemania. Igual sucede en Japón o Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que están más endeudados, no están llevando a cabo grandes recortes presupuestarios, tales como la rebaja en el sueldo de los funcionarios,  que sí se hace en Irlanda, Portugal, Rumanía, Hungría, Letonia, Grecia o España ¿Cuáles son los motivos de esta diferencia? Cuando el crecimiento económico de un país se basa en pilares débiles, la economía real de éste es simplemente pura apariencia. Esto es lo que sucede en España. Su crecimiento sostenido durante los últimos años se ha fundamentado mayoritariamente en la suposición de crecimiento sistemático del valor de los inmuebles. Desde entonces, la riqueza del país estaba constituida más por propiedades inmobiliarias que en un tejido industrial productivo o un sector servicios eficiente y competitivo, que es lo que representa la riqueza real. Todos los recursos se destinaron a lo fácil y rápido,  y es por ello que buena parte de la riqueza económica española no existe. Sólo se supuso que existió, arguyendo poco menos a que los inmuebles eran como oro, con valor intrínseco. Sin embargo en el caso de este último, el oro siempre fue y es oro. El ingente sector de la construcción privada no dotó a España de una economía competitiva pero sí de un porcentaje elevado de empleo. Esto era fácil teniendo en cuenta que este sector no entraba en competencia con el mercado de trabajo internacional.

Es decir, las casas que se construyan en España se han de construir por trabajadores que estén aquí. Por tanto el mercado laboral de la construcción fue ajeno a la competencia internacional y por eso pudo crecer tanto. Debido a esto (la no necesidad de ser competitivos) el desarrollo inmobiliario privado español pudo crecer a aquellos niveles, sin embargo no aportó gran cosa al desarrollo tecnológico del país. Si tenemos en cuenta que la economía mundial cada día es más competitiva (unos países luchan contra otros por cuotas de mercado que acaban en manos de los más competitivos) y mientras que los países como Francia, Alemania o Estados Unidos se dedicaron a incentivar la productividad, etc. en España todo lo contrario. El dinero se hacía fácilmente y en el corto plazo.  Y que un país crezca no es cosa de dos días,  ya que hay que ahorrar hoy para invertir mañana y esto en España nunca se dio demasiado bien. Por tanto, durante años no sólo no nos dedicamos a aumentar la competitividad española sino que mientras tanto otros sí lo hacían, y por tanto el diferencial cada día era mayor. El caso irlandés es muy parecido al español. Burbuja inmobiliaria y mucho desempleo que impide el recorte contundente de la Deuda Pública, ya que cuantos más parados, más prestaciones a pagar y menos dinero a disposición del Estado. No es casual, tampoco, que sean países como Irlanda, Grecia, Hungría, Letonia, Portugal o España quienes tengan que llevar a cabo grandes recortes en el presupuesto y que su solvencia penda de un hilo. Buena parte de la economía se basa en la idea de la confianza, al igual que podría pensar cualquier ciudadano al llevar a cabo negocios con otro. Hay en quienes se confía que pagarán sin problemas y en quienes no.  Y esto no hace más que empeorar las cosas. Se podría decir, que otro gran motivo por el que estos países han de apretarse el cinturón es en buena medida por el simple hecho de cómo dice el refrán “hazte buena fama y échate a dormir, hazte mala fama y échate a morir”.

Según datos del Banco de España entregados al 31 de marzo de 2011, se señala que la deuda exterior bruta a esa fecha llegaba a 1,74 billones de euros, lo que supone una deuda bruta per cápita de 37.700 euros y una deuda bruta por trabajador de 98.900 euros. Si se descuenta la deuda que los bancos, empresas, ciudadanos y gobiernos extranjeros mantienen con España, la deuda neta desciende a 1,02 billones de euros, lo que indica una deuda neta por habitante de 22.200 euros y 58.200 euros por trabajador. ¿Qué significa esta deuda y cómo se llegó a ella? A raíz del ingreso de España a la moneda única se generó una dinámica de crecimiento basada en los bajos tipos de interés y en el uso desorbitado que hizo de este mecanismo el sector de la construcción. Este sector se financió desde su origen en base a endeudamiento externo, lo que originó una gran cantidad de empleo que pasó de 15 millones de trabajadores el año 2000, a 20,5 millones de trabajadores el año 2007.  En el sector público se produjo un aumento de similares características, que pasó de 2,3 millones de empleados a 2,9 millones. La inversión se disparó tanto en el sector público como en el privado.

A modo de ejemplo, pasó de 15.958 millones de euros en 1999 a 44.205 millones de euros en 2006. Al respecto, señala un informe de auditoría:  “Las razones por las que los poderes públicos (Gobierno) y los reguladores (Banco de España) consistieron que ocurriera tal disparate no son claras… Lo más probable es que se tratara de una mezcla de ignorancia, exceso de confianza en un sistema que parecía estable y cortoplacismo político”. Lo cierto es que España no fue el único país europeo en sucumbir a una burbuja inmobiliaria. Como ha mostrado el FMI, Francia, Italia y el Reino Unido también se sumaron a la burbuja iniciada en Estados Unidos, como auténticos y fieles seguidores del sueño del ladrillo, el consumismo y el crecimiento ilimitado. En el período de la burbuja todos se beneficiaron y eran tan grandes esos beneficios que nadie pensó que algún día terminarían. Hasta el sector público, por la vía de los impuestos a propiedades, que siempre aumentaban de valor, recaudaba año a año cifras récord. Todo esto se desplomó a partir de 2008.

¿Cómo se descompone la deuda? Los préstamos bancarios representan sólo el 12% de la deuda total del sistema (201.000 millones de euros), cifra muy similar a las inversiones extranjeras en Bolsa y Fondos, que suponen otros 206.000 millones de euros (12%). Si bien esta última no se pueden considerar deuda, existe la presión de que ante una situación crítica estas inversiones pueden retirarse rápidamente, como ha estado ocurriendo en los mercados, como resultado del pánico generalizado y la caída continua de las bolsas, con exiguos  momentos de euforia.  La partida más abultada la constituyen los bonos, letras y obligaciones que están en manos de  extranjeros y que suponen nada menos que 787.000 millones de euros (el 45% del total de la deuda española). Aquí se incluyen títulos privados (511.000 millones de euros) y deuda pública (276.000 millones de euros). Esta deuda privada es la que constituye el mayor lastre y se acumuló principalmente a raíz de la burbuja inmobiliaria, destacando el espectacular aumento que tuvo desde 1999, cuando llegaba a los 18.000 millones de euros, a la desorbitada cifra que alcanzó a mediados de 2007 cuando llegó a 637.000 millones de euros. En esos siete años de euforia colectiva la deuda aumentó  en la increíble proporción de 35 veces. Los depósitos del exterior en bancos y cajas españoles son también muy abultados y aunque no pueden considerarse estrictamente deuda, son más fáciles de liquidar que las acciones bursátiles, ya que pueden ser retirados ante un empeoramiento de la situación del sector financiero.

El Informe DRY reconoce dos problemas centrales en esta deuda: por un lado el elevado y creciente coste en intereses que implica su servicio. A un coste del 5% anual implica una salida de 50.000 millones de euros, cifra que equivale al salario anual de 2,2 millones de trabajadores españoles que ganen en promedio 23.000 euros. El segundo problema es que gran parte de esta deuda presenta vencimientos en el corto plazo, lo que obliga a un renovación continua y a un costo más elevado de los créditos, generando una situación de fuerte presión financiera que puede desembocar en dinámicas similares a las vividas por Grecia, Irlanda o Portugal. Si se agudiza este colapso, la quiebra de España sería casi inmediata. Por eso es necesario plantear alternativas para resolver a tiempo este grave problema que puede arrastrar a España al precipicio. Como se presenta en el documental griego Deudocracia, una de las alternativas estudiadas por DRY fue la deuda odiosa. Pero la deuda española no cabe en esta definición como sí lo hace la deuda griega, de acuerdo a Daniel Cohn-Bendit, político europeo de nacionalidad alemana. Se dio a conocer primero por su participación en Mayo del 68 y su tendencia anarquista, que luego cambió por la de ecologista reformista. La razón principal es que la deuda pública sólo llega al 16% de la deuda total, lo que indica que estos intereses son asumibles.

El gran problema de España es la deuda privada, y es hora de exigir al gobierno una gestión más seria sobre este tema de acuerdo a lo que realmente beneficia al país. DRY propone para ello la creación de un banco malo que reciba todos los activos problemáticos, una medida quizá un tanto tardía, dado que el Banco de España, siguiendo el camino trazado por el BCE, ha comprado toda la basura tóxica que le han puesto por delante. El gobierno español ha financiado a empresas totalmente insolventes a la espera de un pronto fin de la crisis, agotando los escasos recursos del sistema, e impidiendo que se destinen a un fin que permita reactivar la economía. Solo hasta el 18 de febrero de 2011 se habían inyectado a través del FROB 10.474 millones de euros a entidades financieras con problemas, y el Tesoro español había avalado 53.162 millones de euros de otras entidades financieras privadas. ¿Quedará algo más que rescatar? Si es así, no debe aplicarse ningún rescate más a la banca.  Con estos rescates a la banca se cumple la paradoja de que hay dinero público para salvar a una banca insolvente, pero no para la economía real que genera empleo y produce. Mientras se inyecta dinero indiscriminadamente para salvar a un sistema famélico y colapsado, se aplican serios recortes presupuestarios y planes de austeridad para asfixiar a la economía real y productiva. Esta no es más que una suicida estrategia de estancamiento global.

Pero  España se ha visto en situaciones mucho peores que la actual. El interés medio exigido se situó en el 5,022% en el plazo más corto y el marginal, que es el tipo máximo, en el 5,2%. En las letras a 18 meses, el tipo medio alcanzó el 5,159% y el marginal, el 5,32%. Es la primera desde el año 2000 que el interés supera el 5% en plazos tan cortos. De hecho, hace poco eran los bonos a 10 años los que rentaban al 5%. La crisis que asedia a la zona euro tiene ya su impacto en la carga de los intereses. De acuerdo con un cálculo realizado por la revista Cinco Días, el Tesoro ha pagado unos 5.400 millones de euros por todas las colocaciones de deuda que ha hecho durante el 2011, que tienen 10 plazos diferentes de vencimiento. La cifra es ya un 28% superior a los 4.200 millones que pagó en intereses por las colocaciones realizadas durante el ejercicio 2010. El incremento en la partida de intereses supone un gasto adicional de 1.200 millones, que seguirá aumentando. Para hacerse una idea de la magnitud de este coste hay que recordar que la controvertida congelación de las pensiones supuso un ahorro de 1.500 millones. En el mercado secundario, donde se intercambia la deuda ya emitida, el bono español a 10 años, el que se usa como referencia para evaluar la situación, se situó en el 6,34%, máximo desde que el euro está en vigor.

De los casi 150.000 millones vendidos en 2011 en las subastas convencionales, solo 1.500 se han financiado por encima del 6%. Se trata de emisiones marginales a 15 y 30 años realizadas a comienzos del ejercicio. Ahora, ese panorama benigno desaparece a marchas forzadas. El Tesoro, que durante todo el año ha demostrado una gran pericia para manejar los tiempos, plazos e importes de la subastas, lucha ahora contra un marea incontenible. El tipo medio de financiación de la deuda pública es todavía del 3,64%. Pero eso se debe a los meses de relativo alivio vividos entre enero y junio. En el primer semestre del año 2011, el Tesoro colocó unos 7.175 millones de euros en deuda con un interés superior al 5%. En los cuatro meses y medio siguientes, el volumen de papel colocado al que se le ha exigido más de un 5% rebasa ya los 10.700 millones y sigue subiendo. En la subasta de hace poco, el Tesoro colocó 2.600 millones en letras a 12 meses y 558 en el plazo a 18 meses. Los intereses a pagar serán de unos 160 millones de euros.

Aparte de la oferta a 10 años,  está programado otra colocación a tres y seis meses, que podría dar la medida de cómo se ha agravado la situación para España. En la convulsa Italia de transición, el mercado exige un 5,1% a la deuda a tres meses y un punto más a la que vence en seis meses. Nuevamente hay subastas en casi todos los tramos de la deuda, de los tres meses a los 10 años. 29% es lo que representan las letras a 12 meses en las emisiones realizadas por el Tesoro este año. Es la partida más abultada, con un saldo de 42.875 millones de euros. 1.316 millones de euros son los intereses pagados por la deuda a 10 años emitida durante este ejercicio. 2,95% es lo que empezó pagando el Tesoro este año por las letras a 12 meses. La deuda en circulación cuesta 22.600 millones. El coste financiero de la deuda pública española en circulación también aumenta. Hasta el mes de septiembre, último dato disponible, el coste financiero de toda la deuda española que está en vigor era de 22.617 millones de euros. La cifra supone un incremento del 14,7% respecto a los 19.713 millones de euros con que se saldó el ejercicio 2010. Dado que la tormenta financiera ha arreciado ahora, es previsible que el resultado final sea significativamente peor.

El Presupuesto

El Ministerio de Hacienda español afirma que:  “para el buen funcionamiento de la economía, debemos de redactar y aplicar unos presupuestos justos, solidarios y eficientes. El objetivo de la Política Económica española será el crecimiento sostenible de la economía, así pues, podemos hablar de dos grandes campos de actuación; solidaridad entre autonomías, y desarrollo económico sostenible a favor del medio ambiente. La peculiar situación en la que se ha encontrado sometida España, y en particular, el Gobierno de España, ha conllevado a que estos presupuestos no se hayan podido fijar en un periodo de tiempo más conveniente para los agentes económicos. No obstante, el deber de todo Gobierno es realizar un plan de actuación donde desarrollar los objetivos y fines para los próximos años.  Los análisis de nuestra economía, apuntan que el vigente modelo económico tiene fuertes síntomas de agotamiento, además, de que la propia Política Económica, parece haber divergido en muchos aspectos de las necesidades reales para el crecimiento económico y la buena salud de la economía. La política llevada a cabo durante estos años, no ha conseguido relanzar la economía, prueba de ello, son las diferencias notables con otros socios comerciales y concretamente con la UE. Podemos afirmar según los estudios que la política debe ser redirigida para converger nuevamente con el crecimiento de la UE”.

Y se añade: “Los campos de actuación y de mayor control dentro de la Política Fiscal española, van a ser principalmente la redirección de la economía hacia un crecimiento convergente con la UE. Por lo tanto, los PGE van a incrementar notablemente el gasto y disminuir las reservas. Actualmente, la economía española se enfrenta a un panorama controvertido. La UE parece haber recuperado, lentamente, la senda de crecimiento y expansión. Pero, por el contrario, España, sigue sumida en una fuerte crisis, que difiere en muchos ámbitos con la crisis que se inicio en el año 2008 mundialmente. El principal problema de nuestra economía, lo debemos de centrar en la competencia. Los precios en nuestro país han crecido notablemente en el último año, la inflación llegó a situarse en el 11.6% en 2011, un dato desolador y que refleja nuestra falta de competitividad. Este dato, debemos de resaltarlo con el hecho de que la dependencia del comercio exterior se ha pronunciado aún más. El déficit en la balanza comercial ha aumentado en términos reales, es decir, las importaciones han crecido más que las exportaciones, pero no sólo eso, sino que además el número neto de exportaciones ha decrecido en un 11%”.

Y continúa diciendo: “Los estudios, han reconocido que la productividad del factor trabajo ha crecido muy por debajo en comparación con el crecimiento de los salarios, por ello, inicialmente, en esta propuesta, hablamos de que además de los problemas endógenos de la economía española, tenemos que resaltar los resultantes por la política económica del anterior Gobierno, que en este caso divergió con las expectativas de crecimiento. Las causas de esta caída económica son la crisis institucional del anterior Gobierno (Acebes/Arribas), y del sufrimiento de nuestra economía tras la utilización de los mismos PGE desde 2009, puesto que el anterior Gobierno rechazó sus propios PGE. Por otra parte, los estudios de la economía española, han concluido que durante el Gobierno anterior y el vacío de poder, la corrupción fiscal ha crecido exponencialmente. Las Administraciones de la Seguridad Social, han observado un fuerte índice de evasión fiscal. Principalmente, podemos destacar las múltiples denuncias en el campo del Mercado de Trabajo, donde la evasión y la corrupción parecen haber crecido dentro de la empresa y por parte de los empresarios. En cuanto a las comunidades autónomas, en todas las regiones, a excepción de Catalunya y Madrid, un fuerte deterioro del parque industrial, y de la economía en general. En estas dos regiones, es decir, Madrid y Catalunya, se observa un estancamiento, pero es digno de destacar el crecimiento en ambas regiones de núcleos de sectores industriales de mayor envergadura y valor añadido. Por el contrario, podemos destacar el fuerte deterioro en el sector industrial, en la zona de Andalucía, Castilla La Mancha y Asturias”.

Y para finalizar, dice: “Las expectativas de la economía española, nos hacen prever que el 2013 será un año complicado y de ajuste económico durante la primera parte, pero que pondrá fin a la crisis a mediados de año. Todos los indicadores nos revelan que este año debe ser un año correctivo donde recuperar el cauce de la economía y mitigar las consecuencias de la estanflación. Para ello, el Gobierno, pretende iniciar una política de gasto y de control, tanto en términos de control fiscal y cumplimiento de la legalidad, como de contención de la inflación y crecimiento de empleo. Las partidas de mayor crecimiento serán aquellas que sirvan para reactivar la economía. Hay que destacar, que este año dispone de menos fondos el Gobierno de España, así pues, muchas partidas en término nominales con respecto al año 2011 se hayan mantenido constantes”.

Los Presupuesto Generales del Estado actuales ascienden a 300.500.millones de Euros, que se subdividen en:  25% Partida de reserva, gasto en Administraciones Públicas, obligaciones, financiación para Seguridad Social, financiación extraordinaria, pago intereses, pagos de deuda pública, ahorro, Ayudas al desarrollo, por un importe de 75.125 millones; 53.5% Comunidades Autónomas (a las que se han traspasado competencias importantes, como Sanidad y Educación, entre otras), por un importe de 160.768 millones; – 21.5% Ministerios y Presidencia, por un importe de 64.607 millones. Si miramos algunas de las partidas más relevantes en relación a este artículo, nos encontramos con lo siguiente:  Secretaría de Estado de Interior (lucha contraterrorista, gastos seguridad e investigación y control seguridad nacional ): 6.790.millones  (10.51%); Secretaría de Estado de Defensa: 5.500 millones(8.51%).distribuido entre:- Mantenimiento de edificios, conservación: 15.5%; Mantenimiento de unidades del ejército: 13.1%; Inversión e Investigación en nuevas unidades: 12.2%; Gastos obligatorios: 42.7%; – Otros: 16.5%; Ministerio de la Vivienda (que se supone en gran parte está transferido a las autonomías): 1.469.millones (2.28%). Ministerio de Fomento: 14.005.millones (21.7%), distribuido entre: Expansión de redes de telecomunicaciones: 39.9%; Desarrollo de red de carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos: 42.5%; Otros: 17.6%.  Secretaría de Estado de Educación, Ciencia y Deporte (que en gran parte están transferidos a las autonomías): 5.358.millones (8.29%), distribuidos en: Primaria y secundaria: 44.8%; Ciclos formativos: 9%; Universidad y estudios superiores: 10.5%; Becas y ayudas: 33,2%;  Otros: 2.5%. Ministerio de Sanidad ((que en gran parte están transferidos a las autonomías): 5.000.millones (7.74%), que se distribuye en: Sanidad Pública: 58%; Control de Calidad de Bienes y Servicios: 28%;  Otros: 14%.

 

El Despilfarro

Solo entre Vivienda, Educación y Sanidad (transferidos en gran parte a las Autonomías), el presupuesto del gobierno central asciende a la astronómica cifra de 11.728 millones de euros. Tengo la impresión de que aquí tenemos una duplicación de gastos realmente importante.  Si se han transferido estas competencias, +11 mil millones de euros para tareas de coordinación, parece una barbaridad. Supongo que ahí se podría ahorrar mucho dinero. Por otro lado, 5.500 millones en Defensa, cuando no está muy claro de quién y cómo nos defenderíamos, también creo que es una partida que se podría reducir significativamente. Por ejemplo, España adquirió 87 aviones EF-2000, a los que se añadirán 16 más,  con una inversión de 5.937 millones de euros de los que 4.483 millones son para la producción de los aparatos y 1.453 millones para el soporte logístico.  Por si esto no fuese suficiente, la grave situación financiera que atraviesa Defensa, con una deuda de 26.518 millones derivada de los grandes programas de compra de armamento, ha llevado al ministerio a proponer medidas extraordinarias, tales como aplazar pagos hasta 15 años más y condonar hasta 14.000 millones en créditos a sus contratistas.  La Secretaría de Estado de Interior (lucha contraterrorista, gastos seguridad e investigación y control seguridad nacional) tiene un presupuesto de 6.790.millones  (10.51%). Este presupuesto se distribuye entre: lucha contra el Terrorismo: 32%;  Gastos en seguridad: 28%; Investigación y control de seguridad nacional: 23.8%;  Otros: 16.2%. Resulta realmente sorprendente que en la lucha antiterrorista se gasten anualmente 2.172 millones de euros. Parece una cifra realmente muy alta que, además, generalmente es muy opaca. Ahora, que parece que ETA está en vía de desmantelamiento, es de esperar que pueda reducirse significativamente esta cifra. 

El Ministerio de Defensa se enfrenta no a un problema de coyuntura presupuestaria sino a un problema financiero, complejo y estructural, que afectará profundamente a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en las próximas décadas. Esto resume la situación económica del departamento y es una de las conclusiones de los tres informes restringidos que Defensa ha remitido al Congreso de los Diputados y a los que ha tenido acceso la revista Cinco Días. En ellos, se analizan los problemas financieros y presupuestarios que tiene el ministerio y se proponen medidas que permitan salvar una situación insostenible, calificada como “problema de Estado”, que “puede provocar la parálisis operativa de las Fuerzas Armadas”. Las dificultades de Defensa son consecuencia de los grandes programas de compra de armamento, iniciados con los Gobiernos de Aznar y continuados con los de Rodríguez Zapatero. La adquisición de los tanques Leopard, los blindados Pizarro, los cazas Eurofighter, el avión de transporte A-400M, las fragatas F-100 y, así, hasta 19 sistemas de armas sumaron unos costes iniciales de 23.960 millones de euros. Sin embargo, modificaciones contractuales posteriores, revisiones de precios y partidas abiertas sitúan el coste real, a día de hoy, en 33.756 millones, un 40% más. De ese total, la deuda que quedará pendiente al cierre de 2011 ascenderá a 26.518 millones.

Con estas cifras, y pese a que los pagos se encuentran fraccionados hasta 2025, Defensa estima que tendrá un déficit para atender todas sus necesidades de inversión de entre 12.483 y 23.897 millones en el periodo. Para hacerse una idea de la situación, su actual presupuesto de inversiones es de 1.005 millones de euros, pero hay previstos pagos anuales de 2.000 millones solo por estos programas. Para poder desbloquear esta situación crítica, el ministerio propone tres medidas inmediatas. La primera es el aplazamiento de pagos o entregas de los sistemas de armas adquiridos. Defensa tiene previsto aprobar una extensión del calendario de pagos hasta 2030 (cinco años más que en la actualidad), pero en sus informes plantea la posibilidad de extenderlo hasta el año 2040 (15 más). La segunda medida es la que considera medular para la reestructuración necesaria. Se trata de una condonación de hasta 14.000 millones de euros en créditos a sus contratistas (que, en la práctica, casi solo son tres: EADS, Navantia y GD Santa Bárbara Sistemas). Una medida drástica pero que “ayudaría a plantear una solución al colapso financiero. Técnicamente, la condonación sería una compensación. Para financiar estos programas especiales de armamento, lo habitual es que el Ministerio de Industria conceda a las empresas unos anticipos reintegrables a tipo cero, a veces hasta por el 100% del contrato. Así, las empresas pueden iniciar sus trabajos sin coste financiero alguno. Luego, según entregan los sistemas, Defensa va pagando lo pactado por contrato. A medida que reciben estos pagos, las empresas devuelven los préstamos de Industria.

Con la condonación se busca que los contratistas no tengan que devolver los créditos a Industria y se den por pagados con estos anticipos. Esto amortiguaría la falta de liquidez de Defensa y reduciría su deuda. La tercera gran medida pasa por anular algunos de los pedidos realizados, revender unidades y mejorar la gestión de contratos, lo que podría generar ahorros de entre 4.734 y 11.502 millones. De forma complementaria, Defensa también propone deuda a través del ICO y elevar la financiación por parte de Industria en el corto plazo. Junto a las medidas más a corto plazo que plantea el Ministerio de Defensa para tratar de solventar su colapso financiero, los informes remitidos al Congreso también incluyen algunas propuestas de carácter estructural para evitar que una situación como la actual pueda repetirse en el futuro. Así, uno de los documentos recoge la necesidad de crear una única entidad que gestione de manera centralizada la compra de armamento y material. Para ello, Defensa propone constituir una entidad pública empresarial que, como ya sucede en Francia, también sería responsable de la política industrial de defensa, incluido el apoyo a la exportación. Otra de las propuestas es la aprobación de una Ley Programa que recogería las necesidades de financiación de armamento y material, que se consolidarían en el presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda. El impacto de los grandes programas de armamento que hay en marcha sobre el déficit público del Estado resulta significativo. En 2011, el 3,7% del déficit en términos de contabilidad nacional será imputable a estos programas. En 2016, su peso puede llegar al 19,8%.

Las comunidades autonómicas tienen transferidas diversas competencias, principalmente Sanidad, Educación y Vivienda. En algunos casos, como Catalunya o País Vasco, también tienen transferidas bastantes competencias de Interior, ya que tienen policía autonómica. Sin embargo, debido a que el Gobierno Central no se ha adelgazado demasiado en las áreas en que ha transferido competencias, parte de los fondos que tendrían que ir a las Comunidades Autonómicas, se quedan en el Gobierno Central. Esto afecta sobre todo a las comunidades  con más competencias traspasadas, como Catalunya. La idea es que se les compense desde el Estado por dichas competencias transferidas y el modelo se basa en gran parte en el nº de habitantes y en la extensión geográfica. La distribución es la siguiente: Galicia -> 7.100 millones (4.42%); Catalunya -> 25.000 millones (15.55%); Euskadi -> 5.800 millones (3.61%); Andalucía -> 30.000.millones (18.66%); Extremadura -> 3.000 millones (1.87%); Comunidad Valenciana -> 17.000.millones (10.57%); Aragón -> 4.000 millones (2.49%); Islas Canarias -> 6.300 millones (3.92%), Islas Baleares -> 4.700 millones (2.93%); Principado de Asturias -> 3.500 millones  (2.18%), Castilla y León -> 7.900 millones (4.92%); Castilla – la Mancha -> 6.700 millones (4.17%); Región de Murcia -> 4.000 millones (2.49%); Reino Foral de Navarra -> 3.000 millones (1.87%); Cantabria -> 2.500 millones (1.56%); La Rioja 1.250 millones (0.78%); Comunidad de Madrid -> 20.000 millones (12.44%); Ceuta -> 300 millones(0.19%); Melilla -> 200 millones (0.13%).

El economista Germà Bel lo tiene claro: «el AVE ha sido el prototipo de los años maravillosos de España. Es una inversión política, sin ningún sentido desde el punto de vista económico«. El Estado ha gastado 50.000 millones en proyectos que no tendrán suficiente viajeros para pagar ni siquiera el mantenimiento de las líneas · Los Estados Unidos o Francia, mucho más poblados, han descartado el modelo español de alta velocidad, por ruinoso. El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas, dice uno de los nuevos anuncios de Renfe. Y también en el centro de nuestros problemas, se podría añadir. El empeoramiento de la crisis ha cogido con el pie cambiado el gobierno español, que, hasta no hace mucho, presumía de ser el gobierno que más invierte en ferrocarril de alta velocidad del mundo. Pero por mucho que brillen los raíles por donde circulan los trenes a 300 km / h cada vez son más los que discuten que el AVE sea una buena inversión, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. El gasto en líneas de alta velocidad que ha hecho el Estado ha sido estratosférica. Actualmente España tiene 1.800 kilómetros de estas líneas en servicio y 2.200 en construcción, muy por delante del resto de países europeos. De hecho, sólo China, con 10.000 kilómetros en construcción, supera ahora mismo la inversión española. Además, al haberse invertido tanto dinero en el AVE, casi no se ha invertido en trenes de cercanias o en el mantenimiento de carreteras, que es lo que  más favorece al ciudadano corriente. 

Tanto Francia como Alemania descartaron una inversión similar a la española por considerarla insostenible económicamente. Y eso que Alemania tiene un PIB de 3,2 billones de dólares y una población de 82 millones de personas; en Francia viven 65 millones que suman un PIB de 2,8 billones. España, en cambio, con 46 millones y la mitad de PIB que Francia, se ha permitido el lujo de haber gastado ya más de 50.000 millones de euros en ferrocarril de alta velocidad. Recordemos que el recorte por la primera fase del déficit es de unos 15.000 millones. Y lo ha hecho ayudado por los fondos europeos de cohesión, la mayoría de ellos provenientes de Francia y Alemania. No es extraño, pues, que estos países hayan reclamado a Zapatero que se apriete el cinturón para que ellos ni siquiera se han planteado obras de este calibre. Germá Bel, uno de los principales especialistas en infraestructuras del país, considera que ni siquiera las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona son lo suficientemente grandes para que la inversión tenga sentido. «La alta velocidad sólo tiene sentido en ciudades muy pobladas, como París o las ciudades japonesas«, señala Bel. En este sentido, las comparaciones son sangrantes. Quizá el dato que mejor ilustra el que el AVE puede acabar siendo una inversión ruinosa es el número de pasajeros por kilómetros de línea. Los últimos datos oficiales de la UIC -la organización mundial de las compañías de ferrocarril– ilustran la diferencia entre los modelos de España y Francia. Mientras la ratio de pasajeros por kilómetro es de 2,8, en Francia llega a 41,5.

Encontrar voces críticas en un sector muy endogámico como el de la construcción no es fácil. Y de hecho el Partido Popular, ahora en el gobierno, plantea seguir por la misma línea. Pocos quieren hablar y algunos de los que lo hacen piden no publicar su nombre. Uno de los problemas, según explica un ex asesor del ministerio de Fomento, que ha revisado diferentes proyectos de AVE, es el poco rigor de los estudios, tanto los que prevén el coste de la infraestructura como los que evalúan la demanda de viajeros. «En Inglaterra, donde tienen la red colapsada desde hace años, todavía se están pensando un TGV entre Londres y Birmingham porque no están seguros de que salgan los números«, señala él. El inglés es un caso similar al americano. Hace unos meses el secretario de Transportes estadounidense, Ray LaHood, visitó España para ver in situ los fantásticos trenes que hay en la península. El político estadounidense se mostró encantado hasta que le enseñaron la factura. Uno de los que estuvieron presentes en aquel viaje explica lo que LaHood le dijo a Blanco: «Ustedes son ricos, nosotros esto no nos lo podemos permitir«.

En Estados Unidos una infraestructura debe demostrar que será rentable para poder ser financiada con dinero público. Por ello, el Estado de California ha desestimado, de momento, una línea de alta velocidad entre San Francisco y Los Ángeles, dos ciudades separadas por 600 kilómetros y con áreas metropolitanas que suman 19 millones de habitantes, casi tres veces la suma de Madrid-Barcelona. Pero el coste de construcción no es el único que hay que contabilizar a la hora de construir alta velocidad. El coste de mantenimiento de cada kilómetro de línea, también según datos de la UIC, es de entre 28.000 y 33.000 euros por año. Una cifra muy alejada de las que mantiene Fomento, que asegura que el mantenimiento cuesta 10.000 euros por kilómetro y año -20.000 en túnel- ya que sólo cuenta el mantenimiento de vía. Hay que añadir el mantenimiento de la electrificación, la señalización y las telecomunicaciones. Esto significa que cuando acaben los 2.200 kilómetros que todavía hay en obras, solo la factura de mantenimiento del AVE ascenderá a más de 120 millones de euros anuales. El ex director de proyectos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Mateu Turró, salva por los pelos las líneas de Madrid y Barcelona porque son las únicas que pueden pagar una parte del mantenimiento. «El resto-lamenta Turró-habría que replantearse la foto«.

El problema, sin embargo, es que es muy difícil volver atrás. Hay incluso quien habla de hacerlo aplicando la teoría de costes sumergidos. Esto quiere decir que aunque se descontara el gasto realizado en AVE, 30.000 millones si no contamos el Sevilla-Madrid-Barcelona, muchos de los proyectos que se han de pagar a partir de ahora no vale la pena hacerlos, ya que ni descontando la inversión realizada serán rentables. Un ejemplo clarísimo son las líneas que unirán Madrid con el Cantábrico y Galicia. El tramo entre Madrid y Valladolid sólo tiene 174.000 viajeros anuales de AVE. Si sumamos el resto de trenes se llega a 1,5 millones de viajeros, aunque con un billete más barato. Para que una línea de AVE financie como mínimo los costes de mantenimiento debe pasar de los seis millones de pasajeros. Madrid-Barcelona suma cinco y Madrid-Sevilla apenas pasa de los tres. El AVE es más rápido y confortable que el avión, pero el Concorde también lo era respecto aviación tradicional y acabó desapareciendo por los elevados costes económicos que tenía.

 

Otro tema sangrante lo constituyen los aeropuertos construidos y que están siendo ruinosos. Por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad Real, que se cierra este sábado, ha tenido un coste por pasajero de 5.000 euros.  También Castellón o León, entre otros, son dos ejemplos de inversiones millonarias que, al menos por ahora, no son precisamente un ejemplo de rentabilidad. No son los únicos. Este sábado despegará el último vuelo del aeropuerto de Ciudad Real. Instalaciones como las de Huesca y Burgos tampoco son un modelo de infraestructura bien aprovechada. En total, estos aeropuertos suman 815 millones de inversiones. El aeropuerto de Castellón, impulsado por Fabra, aún no ha pedido los permisos de vuelo.  La mayor parte de estos aeropuertos no alcanzan los 100.000 pasajeros anuales. El que más se acerca es el de León; el año pasado lo usaron algo más de 93.000 viajeros. En lo que va de este 2011, han pasado por allí casi 68.000. Costó 80 millones, es decir, cada pasajero cuesta unos 500 euros. El análisis de los datos ofrece fotos aún peores. Por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad Real: se han invertido en él, desde su apertura en 2008, 500 millones de euros. Por sus instalaciones han pasado poco más de 100.000 pasajeros en ese tiempo. Es decir, que cada pasajero ha costado la friolera de 5.000 euros. También ha salido caro el aeródromo de Huesca: supuso una inversión de 40 millones de euros. Desde que abrió, en 2007, lo han utilizado poco más de 20.000 pasajeros. El coste por viajero en este caso es de casi 2.000 euros, 1.979 euros exactamente. El aeropuerto de Burgos se abrió en 2008, con una inversión de 45 millones y medio, para 103.000 pasajeros desde entonces. 443 euros por viajero. Aunque la palma se la lleva el aeropuerto de Castellón. No se ha estrenado, pero ha costado 150 millones.